La Contraloría General de la República realizará una auditoría al proceso de adquisición de computadoras promovido por el Ministerio de Educación (MEDUCA), con el propósito de verificar que las actuaciones, condiciones de contratación y modificaciones realizadas se ajusten a la ley y garanticen el correcto uso de los recursos públicos, informó la entidad fiscalizadora de los bienes públicos.
La revisión abarcará la participación inicial de 49 oferentes y las circunstancias que llevaron al retiro de varios participantes hasta quedar un solo oferente, a fin de determinar si durante el proceso se garantizaron condiciones de igualdad, transparencia y libre competencia.
Asimismo, se analizarán las condiciones de pago establecidas originalmente y las modificaciones introducidas posteriormente mediante adenda para permitir pagos parciales, así como el sustento técnico y legal de dichos cambios.
La revisión comprenderá también las especificaciones técnicas de los equipos, con el objetivo de determinar si los bienes entregados corresponden a las condiciones y características establecidas en el proceso de contratación y si cualquier modificación contó con el debido sustento técnico, contractual y legal. De encontrarse hallazgos, estos serán debidamente documentados e incorporados al informe de auditoría.
Si de los resultados surgen elementos que puedan revestir carácter penal, la documentación correspondiente será remitida al Ministerio Público para las investigaciones que correspondan. Esta auditoría se suma al trabajo de fiscalización que viene realizando la Contraloría General y que ha permitido esclarecer hechos, identificar hallazgos y poner en conocimiento de las autoridades competentes aquellos casos que así lo ameritan.
Los resultados de este trabajo demuestran que una fiscalización rigurosa e independiente es una herramienta efectiva para proteger los recursos públicos y exigir rendición de cuentas. La Contraloría General reafirma su lucha contra la corrupción es sin selectividad ni distinciones por funcionarios de administraciones anteriores o inclusive funcionarios en ejercicio.
La institución continuará actuando con independencia, objetividad y transparencia, porque su responsabilidad es una sola: velar por el buen uso de los recursos de todos los panameños y esclarecer cualquier situación que pueda afectar el patrimonio público.