La Contraloría General de la República informa que ha ordenado el inicio de auditorías forenses a contratos ejecutados por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), tras recibir denuncias ciudadanas sobre la ejecución de proyectos de infraestructura deportiva que, por su naturaleza, alcance y los hechos expuestos, hacen indispensable una investigación especializada para determinar si las actuaciones administrativas, contractuales y financieras se ajustaron a la ley y si los recursos públicos fueron administrados de manera correcta y transparente.
Las primeras auditorías estarán dirigidas a la revisión del contrato para el estudio, diseño y construcción de nueve (9) instalaciones deportivas en los distritos de Olá, Natá y La Pintada, provincia de Coclé, ejecutado por el Consorcio Nueve Canchas Coclé, integrado por las empresas Grupo Innova, S.A. y Jardines Urbanos, S.A. La auditoría comprenderá un análisis integral de la ejecución contractual, las modificaciones aprobadas, las adendas, las ampliaciones de plazo, los pagos realizados, las liquidaciones y demás actuaciones administrativas relacionadas con el proyecto.
Las auditorías forenses estarán orientadas a establecer si los procedimientos administrativos y financieros se desarrollaron conforme al marco legal vigente y si existió una administración adecuada de los recursos públicos. Para ello, los equipos especializados revisarán expedientes administrativos, documentación financiera, registros contables, informes técnicos, órdenes de cambio, estados de pago y cualquier otra evidencia que permita reconstruir técnicamente la ejecución de los contratos. Ningún contrato quedará fuera del escrutinio.
Cada adenda, cada pago y cada liquidación serán examinados con rigor técnico para establecer si los recursos públicos fueron administrados conforme a la ley. La Contraloría General de la República enfatiza que la apertura de estas auditorías forenses responde al cumplimiento de su mandato constitucional de fiscalizar el manejo de los fondos públicos y proteger el patrimonio del Estado.
Estas actuaciones no constituyen un juicio anticipado sobre ninguna persona natural o jurídica, sino el inicio de un proceso técnico e independiente que garantizará el debido proceso y el derecho de defensa de todas las partes involucradas. En caso de que las auditorías determinen la existencia de posibles lesiones patrimoniales al Estado o hechos con relevancia penal, los expedientes serán remitidos a las autoridades competentes para el deslinde de las responsabilidades que correspondan.
La Contraloría General de la República reafirma su compromiso con una fiscalización firme, objetiva y sin excepciones, garantizando que cada balboa proveniente de los contribuyentes sea sometido al más alto nivel de control, transparencia y rendición de cuentas.